Sala de Prensa

13/10/2022

Marco Montero Cid rindió cuenta pública de la gestión 2021-2022 de su equipo

Defensor Regional de Ñuble relevó importancia de la presencialidad en las audiencias

Respecto de la atención de usuarios, durante 2021 ingresaron más de 8 mil 500 causas a la Defensoría Regional y se realizaron cerca de 13 mil atenciones y 5 mil visitas de cárcel presenciales y remotas.

Por Claudia Riquelme Soto,
Defensoría Regional de Ñuble.

La presencialidad de las y los defensores penales públicos en audiencias, para relevar el contacto personal y directo con sus representados, fue uno de los temas relevantes tratados en la cuenta pública del Defensor Regional de Ñuble, Marco Montero Cid, quien explicó los principales hitos de la gestión de su equipo durante el año pasado y lo que va del actual.

“Somos servidores públicos que nos debemos a las personas que defendemos y sus derechos. Y con la misma claridad, hago ver nuestra preocupación ante la respuesta de otros actores del sistema penal, que no obstante todos los avances en cuanto al control de la emergencia sanitaria, persisten en la actualidad en mantener y prolongar un trabajo telemático que creemos sólo viene a profundizar la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y ahondar aún más en las brechas de desigualdad existentes, afectando el derecho de acceso a la justicia de las personas más vulnerables”, señaló el abogado. 

DEFENSA TÉCNICA DE CALIDAD
De la misma manera, la máxima autoridad regional de la institución se refirió a la calidad en defensa técnica que presta el servicio, en cuyo contexto se revisan permanentemente los procedimientos y actuaciones, con el fin de responder a las exigencias y expectativas de las personas imputadas y condenadas por un delito penal y a sus familias. 

“A las líneas de especialización tradicionales que mantiene la institución en distintas materias, durante 2021 en Ñuble hemos puesto en marcha un modelo de trabajo innovador, que busca potenciar los conocimientos jurídicos, las competencias técnicas y la vasta experiencia en defensa penal de nuestro equipo de abogadas y abogados, por medio de la dedicación preferente para ciertos tipos de delitos. Este modelo, desarrollado en la comuna de Chillán, releva la participación en la defensa de todo el equipo de defensores, en especial de aquellos con mayor conocimiento y experiencia”, explicó Montero. 

PRISIÓN PREVENTIVA Y OTROS CRITERIOS
El directivo agregó que durante el año pasado la tasa de absoluciones alcanzó un 28,6 por ciento en la región, donde se presentaron 62 recursos de nulidad contra fallos condenatorios. También dijo que en lo que va del año la tasa de absoluciones en juicios orales en la región alcanza un 69 por ciento y que durante el primer semestre el equipo regional presentó un total de 84 recursos de nulidad durante el primer semestre. 

“Si bien los resultados de los casos que hemos conocido hasta ahora nos dejan conformes como equipo, también nos invitan a reflexionar acerca de la efectividad en los criterios de la persecución penal, por cuanto la mayor judicialización, no necesariamente es sinónimo de una investigación eficaz. Estas cifras también evidencian que los criterios de selección de quienes conducen la persecución penal no siempre son los correctos, generando al final en la ciudadanía un sentimiento de angustia y frustración en sus legítimas expectativas”, dijo el Defensor Regional. 

Por otra parte, Marco Montero se refirió al uso excesivo de la prisión preventiva, que “se convierte en un acto de injusticia a quien el Estado y sus órganos están llamados a proteger y cuidar. Hablamos de personas que permanecen un tiempo excesivo en la cárcel a la espera de un juicio y que muchas veces terminan siendo absueltas, sobreseídas o no se decide seguir adelante con la investigación sin ningún tipo de reparación”. 

REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
Otro tema destacado por el abogado fue la necesidad urgente de promover la reinserción social, en cuyo contexto relevó el impacto positivo que generan en las personas privadas de libertad los planes y programas que apuestan por nivelación escolar, formación de oficios, efectiva inserción laboral y/o tratamientos de drogas y alcohol. 

“Todos los estudios y experiencia acumulada por años nos muestran que las penas privativas de libertad no resocializan y que la solución al problema de la reincidencia delictiva y, por ende, de mayor seguridad, no pasa necesariamente por más medidas de prevención, control y cárceles”, aseguró.

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