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Octavio Sufán: "A la desigualdad material se suma la desigualdad jurídica"

17/05/2019

Jefe de Estudios de la Defensoría Metropolitana Norte (DRMN) presentó libro sobre personas en situación de calle

Octavio Sufán: "A la desigualdad material se suma la desigualdad jurídica"

Al presentar el libro "Situaciones de calle, abandonos y sobrevivencias" junto a la ex diputada y ex ministra Carolina Tohá, el abogado explicó que la interpretación que el sistema penal da al arraigo hace que estas personas vulnerables estén más expuestas a sufrir prisión preventiva.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

El jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN), Octavio Sufán, sostuvo que a partir de la labor que la Defensoría Penal Pública (DPP) realiza a diario con las personas más vulnerables de la sociedad, la experiencia comprueba que a la gran desigualdad material que sufre la gente en situación de calle se suma la desigualdad jurídica que se observa en tribunales en la aplicación práctica de la ley.

El abogado hizo esta reflexión como presentador del libro "Situaciones de calle, abandonos y sobrevivencias", que es una recopilación de experiencias y casos de Chile, Argentina, Costa Rica y México elaborada por la Fundación Gente de la Calle en que actuó como editor Nelson Arellano.

La actividad, realizada en el histórico edificio del Congreso en Santiago, fue moderada por el presidente de la fundación, Francisco Román, y contó también como presentadora con la ex diputada, ex ministra de Estado y ex alcaldesa de Santiago Carolina Tohá. A dicha instancia asistieron diversos actores sociales ligados a la temática y acompañaron al jefe de Estudios las encargadas de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD) de la DRMN Francisca Sellés y Jeannette Araneda.

Sufán ejemplificó su tesis inicial con el hecho de que hasta hace poco existía el delito de vagancia y con las solicitudes de prisión preventiva que la Fiscalía intensifica con la gente en situación de calle por su falta de arraigo. Lamentablemente, puntualizó, los tribunales coinciden con esta interpretación porque creen que la falta de un domicilio formal precariza la seguridad del procedimiento en marcha por el riesgo de fuga.

OTRAS DESIGUALDADES
El jefe de Estudios se manifestó impactado con el número de 12 mil personas en situación de calle que entrega el libro. De hecho, advirtió que esa cifra es superior a la población total de muchas comunas de Chile, como Zapallar, Papudo o Codegua, entre otras. Destacó también que casi la mitad de estas personas viven en espacios públicos de la Región Metropolitana.

Respecto del tema de la desigualdad señaló que el derecho tiende a compensar realidades asimétricas como ocurre con el derecho laboral, en que ante la disímil relación de fuerzas que existe entre el empleador y el empleado, la legislación y su aplicación por los tribunales en general favorece a los asalariados.

Sin embargo, afirmó que en el derecho penal esto no es así, pues por el mencionado tema del arraigo para los defensores públicos es complejo lograr que un tribunal revoque la prisión preventiva de una persona que vive en la calle. Sufán planteó que en muchos casos estas personas, si bien no tienen un domicilio formal, sí tienen una residencia definida, muchas veces en rucas o carpas que, en la práctica, constituye su vivienda. "¿No es posible que los tribunales reconozcan ese lugar como su vivienda y se les notifique ahí?", preguntó.

¿ARMA O UTENSILIO?
Según el directivo, otra situación que se observa en tribunales es gente detenida y formalizada por porte de arma cortante, sin entender que cuando se trata de una de estas personas se trata en realidad del utensilio que usan para cortar el pan u otro alimento que han conseguido.

Sufán agregó que hay personas que son empujadas por el sistema penal a vivir en la calle. Esto ocurre, precisó, cuando existe, por ejemplo, una denuncia por amenazas de una persona contra otra en contexto de violencia. El tribunal obligará al imputado a salir del hogar común, pero sin recursos para pagar una pieza, su destino es la calle. El sistema no cuenta con redes adecuadas para enfrentar situaciones como ésta.

"El drama se extrema cuando, en el caso de una pareja, ésta se reconcilia y vuelven a vivir juntos sin informar al tribunal. Si esta situación es detectada por la fiscalización de Carabineros, ese hombre ahora podría quedar preso, ya que al delito de amenazas, se sumó uno bastante más grave como es el desacato", aclaró..

El abogado citó el reciente y lamentable caso de una mujer en situación de calle que fue encontrada muerta dentro de una maleta en una calle de Providencia. El imputado por el crimen, que también está en esta condición, en una causa anterior fue considerado inimputable por la propia Fiscalía, que adjuntó un peritaje que acreditaba su estado de enajenación mental.

"Como necesitaba tratamiento, solicitó internarlo en un centro de salud y no en una cárcel. Hoy esa evaluación médica no se consideró y se le solicitó su prisión preventiva y en la actualidad está preso en un recinto penal", ejemplificó.

Al término de su exposición, el jefe de Estudios de la DRMN desacreditó comentarios que se escuchan a veces en cuanto a que la gente en situación de calle constituiría un foco de delincuencia. Al respecto, informó que junto con la fundación Gente de la Calle, la Defensoría Metropolitana Norte trató de hacer un catastro de personas en esta condición que hubieran cometido delito.

Según el directivo, "el resultado fue que el número era tan insignificante, que no fue posible llegar a una cifra seria para trabajar", advirtiendo que todo indica que las personas en situación de calle habitualmente son víctimas y no victimarios.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Carolina Tohá, en tanto, valoró el contenido del libro e invitó a leerlo por contener casos muy inspiradores para orientar el desarrollo de políticas públicas. Agregó que la gente en situación de calle constituye una realidad que no es fácil de enfrentar, ya que lejos de los que se piensa, no se soluciona sólo con retirarla de los espacios públicos.

"Si estas personas están ahí es por razones muy profundas y diversas, no exclusivamente económicas, que deben abordarse con la máxima seriedad", sostuvo.

A partir de ello, concluyó que este tema debe abordarse desde una perspectiva multisectorial, en la que participen diversos actores, lo cual no es fácil, ya que la institucionalidad no logra hacer esta coordinación adecuadamente.

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