Sala de Prensa

04/10/2019

En Antofagasta la nueva norma debutó con un juicio oral

Debutó la ley de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes

Con extensas alegaciones de la defensa pública respecto de la improcedencia de la modalidad del juez entrevistador en una causa que ya contaba con diligencias anteriores que invalidan el protocolo, se dio paso al primer juicio oral realizado bajo la vigencia de la Ley N° 21.057

Por equipo Unidad de Comunicaciones
y Participación Ciudadana.

Mauricio Suazo Araya se transformó ayer en el primer defensor penal público que debió abordar en un juicio oral las innovaciones que impone la Ley N° 21.057, que regula las entrevistas videograbadas y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales o violentos. El principal objetivo es evitar su revictimización secundaria y también la eventual contaminación de sus testimonios.

La nueva norma comenzó a regir ayer en seis regiones del país (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes) y requirió de un gran despliegue previo de capacitaciones y preparativos para todos los intervinientes en el proceso penal.

Durante la audiencia de ayer en la sala 2 del Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, el caso involucraba los delitos de violación impropia y abuso sexual reiterado, en cuyo contexto el defensor público sostuvo la inaplicabilidad del nuevo procedimiento en este caso particular, dado que los protocolos que rigen para desarrollar este sistema establecen que la victima debe ser resguardada desde el momento de la denuncia y en todas actuaciones posteriores y no solo respecto de su declaración en juicio oral, como ocurrió en este caso.

Frente a ello, la sala 2 del Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, integrada por las magistrados Claudia Lewin, Luz Oliva y Lilian Durán consideraron que la ley es clara en cuanto a la entrada en vigencia del sistema en una fecha que estaba estipulada, por lo cual se procedió a la entrevista de la menor involucrada a través de un juez calificado para este rol.

La Defensora Regional, Loreto Flores, expresó que “estas modificaciones también requirieron para la defensa una postura que junto con velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes no afectara la labor de los defensores y relativizara su participación efectiva en el proceso penal. Hoy estamos frente a una mejor versión de la ley, pero creemos que falta aún avanzar en algunas etapas de la intervención procesal, por lo que seremos garantes de corrección, en cuanto a la técnica de los peritos y el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Flores aclaró que “si bien la ley actual es menos coartadora de derechos para la defensa del imputado o imputada que sus versiones originales -que hablaban de una entrevista única-, esperamos que la falta de personal capacitado en los demás interventores a nivel país no haga imposible la aplicación adecuada de la ley porque se recibe una denuncia y no hay alguien capacitado para aplicar el protocolo. Hay un desafío ahí y estaremos atentos a cómo se desarrolla”.

Durante el juicio oral declararon la víctima y su hermano, ambos menores de edad, por lo cual los intervinientes tomaron todos los resguardos que señala la norma técnica para su atención

AUTORIDADES EN MAULE
La ceremonia de lanzamiento oficial de la ley se desarrolló en la región del Maule y convocó a autoridades nacionales y regionales de las instituciones del sistema de justicia penal. Allí estuvieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernan Larraín; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott Charme; el ministro Jorge Dahm Oyarzún, de la Corte Suprema, y la Defensora Nacional (S), Viviana Castel Higuera.

Todos destacaron el espíritu de la ley y destacaron los resultados que se pueden alcanzar cuando todos los órganos del sistema actúan mancomunadamente. Tanto la Defensora Nacional (S) como el ministro de la Corte Suprema advirtieron, en todo caso, que la aplicación de esta ley debe respetar el debido proceso y los derechos de los imputados.

Previamente, la Defensoria Regional del Maule trabajó arduamente para capacitar a las defensoras y defensores públicos en aspectos jurídicos y psicológicos relevantes para enfrentar este nuevo desafío. También se realizó un levantamiento de las causas actuales a las que puede aplicarse la ley en la región y de los procedimiento ya iniciados en que es posible discutir la vigencia de esta normativa. "Estamos preparados para asumir nuestro rol en la oportunidad que se requiera", explicó el jefe de Estudios, Rodrigo Flores.

De hecho, esa oportunidad se producirá el próximo martes 8 de octubre, ante el Tribunal Oral en Lo Penal de Linares, cuando se inicie el primer juicio oral tras la vigencia de esta ley que involucra una víctima menor de edad.

PREPARATIVOS EN ARICA Y PARINACOTA
El equipo de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota siguió atentamente el proceso previo a la entrada en vigencia de la ley. De hecho, sus directivos llevaron a cabo una serie de actividades para preparar de la mejor manera a los defensores públicos de esa zona, de modo que estuvieran absolutamente listos y capacitados para los procesos penales que deberán incorporar la nueva normativa. 

“Como Defensoría siempre vamos a estar atentos a la protección del derecho de las personas. Por lo mismo, en la etapa de investigación nos parece una buena idea el uso de entrevistas videograbadas para proteger la indemnidad de los menores de edad. Sin embargo, tenemos que estar atentos a la protección de los derechos de nuestros defendidos, tanto en las etapas de juicio como en cualquier momento en que se generen audiencias. Ahí es donde estaremos atentos y veremos cómo se desarrolla en la práctica”, señaló el Defensor Regional, Claudio Gálvez.

El abogado explicó que los defensores públicos de esa zona participaron en capacitaciones propias de la Defensoría como en otras de nivel regional. "El tema se ha tocado de manera abundante, tanto en clínicas jurídicas generales como en análisis generados por el equipo regional de Estudios”.

AYSÉN: "PRIVILEGIO Y RESPONSABILIDAD"
En Aysén, el Defensor Regional, Jorge Moraga, señaló que junto a las demás zonas del país en que debutó la ley, “nuestra región tiene el privilegio y la ineludible responsabilidad de ser pionera en su aplicación de esta ley”. 

Al respecto, explicó que la Defensoría Penal Pública entiende la necesidad de que esta reforma legal, “probablemente la más importante modificación legal efectuada en nuestro país en los últimos 20 años en materia procesal penal, logre plenamente sus objetivos específicos”, pues más allá de su rol particular en el proceso penal, todas las instituciones públicas del sistema de justicia penal tienen la obligación de velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que participen en estos procesos.

“La Ley N° 21.057 es un gran avance, ya que no sólo les entrega una mayor protección, sino que además, al mejorar la calidad del testimonio que rinde el niño, se maximizan las posibilidades de una justicia certera, que efectivamente condene a quien ha cometido el delito y absuelva a quien no lo ha cometido”, concluyó.

Hasta ahora, la región cuenta con ocho entrevistadores acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes son funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, aunque próximamente también se acreditará a magistrados de la región.

En el caso de la Defensoría Regional, a las capacitaciones internas y externas a las que asistieron sus abogados se sumaron dos jornadas de sensibilización en torno a la normativa, realizadas el 4 y 5 de septiembre pasado en el auditorio del Museo Regional de Aysén y dirigidas a docentes y directivos de establecimientos educativos y funcionarios de las distintas instituciones de justicia.

CAPACITACIONES EN MAGALLANES
Para preparar la puesta en marcha de ayer, la Defensoría Regional de Magallanes capacitó a su dotación de defensores públicos locales y licitados, como también a la asistente social Paula García, encargada de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD).

Mediante talleres efectuados en la sede de la Defensoría Regional por el abogado Francisco García Manzor, del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP), el equipo conoció en detalle las características de la Ley N° 21.057, conocimientos que también reforzaron en encuentros similares organizados por otros actores del sistema procesal penal como el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Poder Judicial.

La Defensora Regional de Magallanes, Gustava Aguilar, señaló que la institución se encuentra preparada para abordar los desafíos que implican estos nuevos instrumentos de recolección de información que, finalmente, van en directo beneficio de niños, niñas y adolescentes, como también de la transparencia del sistema.

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