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Defensores públicos informaron sobre sus derechos a imputadas migrantes en prisión preventiva

17/12/2019

Charla sobre temas de defensa especializada de género y de migrantes

Defensores públicos informaron sobre sus derechos a imputadas migrantes en prisión preventiva

Mujeres de distintas nacionalidades, imputadas mayoritariamente por delitos de drogas, temen que aunque se les libere de cargos sean deportadas por decisión administrativa.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

Relevante información sobre las defensas especializadas de género y de migrantes entregó un grupo de defensores penales públicos de las Defensorías Regionales Metropolitana Norte (DRMN) y Sur (DRMS) a imputadas extranjeras que cumplen la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de San Miguel, decretada por los tribunales de garantía de Santiago.

Según cifras del Compendio Penitenciario Anual 2018 de Gendarmería, los extranjeros presos en Chile sumaban 2 mil 943 personas, lo que equivale al 7,1 por ciento de la población penal de ese año. De este total, las mujeres representan el 19,5 por ciento de los migrantes privados de libertad. En ese periodo, además, 400 tenían la calidad de imputadas y sólo 173 de condenadas.

En materia de nacionalidades, el mayor número corresponde a ciudadanas bolivianas, colombianas, peruanas y dominicanas, en ese mismo orden.

EL DELITO DE DROGAS
Tal como ocurre en los distintos centros penitenciarios femeninos (CPF), la mayor parte de su población está privada de libertad por delitos contemplados en la Ley N° 20.000 sobre drogas.

El CPF San Miguel, por ejemplo, que concentra a las imputadas privadas de libertad de la Región Metropolitana, no constituye una excepción. De sus 61 internas imputadas, el 80 por ciento están formalizadas por ese tipo de ilícito.

En ese contexto, la defensora penal pública Patricia Alvarado explicó a las internas que sus derechos son los mismos que amparan a todos los chilenos y que tal como los nacionales, tienen derecho a la defensa pública, que vela por el respeto de esos derechos.

Un gran temor expresado por las imputadas es la posibilidad de que, aun si son absueltas o sobreseídas, se les decrete una deportación por la vía administrativa. Al respecto el equipo institucional les informó que, si bien eso es posible, la Defensoría ha tenido éxito en presentar recursos de amparo ante los tribunales superiores para revertir esa medida.

También les explicaron que para la defensa pública es importante acreditar, en casos como éstos, un proyecto migratorio familiar y laboral, y también tener disponibles los papeles desde su país de origen para acreditar condiciones importantes, como su conducta anterior y su arraigo en Chile.

Finalmente, las internas recibieron folletos informativos elaborados por la Defensoría sobre los derechos de los migrantes en el sistema penal chileno.

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