Sala de Prensa

01/02/2017

Ambas estuvieron un año y medio en prisión preventiva

El duro drama de dos alumnas absueltas por atentado contra cuartel de la PDI

Aunque las defensoras públicas de Natalia Alvarado y María Paz Vera acreditaron que ambas estaban en otros lugares al ocurrir los hechos, por la extensa reclusión una perdió una beca y ambas debieron congelar sus carreras.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

Aunque fue noticia la condena de los tres varones imputados por el atentado con bombas incendiarias contra el cuartel de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), el veredicto del Tercer Tribunal Oral de Santiago confirmó la injusta privación de libertad que sufrieron María Paz Vera (21) y Natalia Alvarado (21), dos alumnas de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC).

Los magistrados Isabel Mallada (presidenta), Alejandro Aguilar y Patricia Cabrera condenaron a Manuel Espinoza, Víctor Zúñiga y Felipe Román por el delito de incendio en lugar habitado, tras un ataque ocurrido el 24 de noviembre de 2014 contra el cuartel de la PDI de calle Condell, en Providencia.

En el veredicto dieron por acreditado que los tres fueron quienes colocaron cadenas en el portón de entrada del cuartel policial y luego lanzaron bombas incendiarias artesanales hacia el recinto. Los imputados fueron absueltos de los delitos de homicidio frustrado, porte de elemento explosivo y tráfico de drogas (por el hallazgo de un paquete de marihuana en el allanamiento al domicilio de Felipe Román).

Pero, además, el tribunal absolvió de todos los cargos a María Paz Vera y Natalia Alvarado, pues consideró que los rastros biológicos encontrados en los guantes y overoles usados en el ataque no eran concluyentes, duda que se vio afianzada por las pruebas presentadas por las defensoras públicas Irka Contreras y Patricia Alvarado, quienes acreditaron que ambas jóvenes no estaban en el lugar y momento en que ocurrieron los hechos.

Todos los imputados presentaban una irreprochable conducta anterior.

CUESTIONAMIENTOS
Tanto las defensoras públicas como los abogados particulares que defendieron a los tres imputados varones cuestionaron severamente la investigación a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda. En primer lugar, objetaron que la investigación no la realizara Carabineros, sino que la propia PDI, que en este caso como víctima del atentado vio  muy cuestionada la objetividad de su trabajo.

Todas las defensas representaron también los seguimientos a los imputados y, sobre todo, la recolección de objetos para obtener material orgánico que después fue usado como prueba. Irka Contreras, defensora pública de María Paz Vera, explicó que los análisis se realizaron sin la autorización de los investigados como exige la ley.

Precisó que las muestras se obtuvieron de colillas de cigarrillos y  envases de yogurt y bebidas probióticas utilizadas por los imputados, lo que además generó serias dudas respecto de la formalidad del tratamiento que se le dio a ese material genético, como para que cumpliera con el estándar que exige la ley para evitar contaminación y manipulación de las pruebas. Sin embargo, el tribunal desechó todas estas objeciones.

A pesar de ello, en el caso de las dos mujeres el tribunal concluyó que las pruebas de la Fiscalía eran insuficientes y contradictorias. El veredicto destacó el peso de las pruebas presentadas por las defensa pública para acreditar que ambas no estuvieron en el lugar y momento de los hechos.

Patricia Alvarado presentó testimonios de profesores y alumnos que vieron que su defendida, Natalia Alvarado, momentos antes del ataque estaba en realidad en la sede de calle Agustinas de la UAHC, donde funciona la Escuela de Pdagogía.

Irka Contreras presentó registros de telefonía celular que confirmaron que María Paz Vera estaba en casa de una compañera en Ñuñoa al momento del atentado, más el testimonio de la amiga que la imputada.

DAÑO A INOCENTES
Irka Contreras declaró que el costo humano para las dos imputadas declaradas inocentes ha sido enorme, ya que pese a ser estudiantes de psicología (María Paz) y pedagogía en castellano (Natalia), se vieron envueltas en un proceso judicial y sometidas a prisión preventiva, lo que interrumpió su vida personal y universitaria.

Explicó que María Paz perdió una beca, y aunque trató de seguir estudiando desde su reclusión en la cárcel de mujeres de San Miguel, la extensión de su privación de libertad por más de un año y medio hizo imposible que lo lograra, por lo que debió congelar su carrera.

Natalia Alvarado, que según defensora pública sufrió el prejuicio de ser la polola de Manuel Espinoza, también congeló su carrera. Irka Contreras enfatizó finalmente que espera que ambas jóvenes puedan reinsertarse en su vida en libertad después de esta traumática experiencia.

PENA DE SIETE AÑOS
Tras conocer el veredicto condenatorio en contra de los tres imputados varones, Manuel Espinoza, estudiante de servicio social de la UAHC, Víctor Zúñiga (diseño industrial en la USACh) y Felipe Román (servicio social en Arcis), el fiscal Felipe Sepúlveda solicitó al tribunal que se les aplique la pena de 7 años y 183 días de presidio efectivo. Esta decisión del Tercer Tribunal Oral se conocerá en la lectura de sentencia, prevista para el 24 de febrero.

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