Sala de Prensa

30/01/2020

El modelo de atención en terreno, ideado en esta región, se aplica desde el año pasado en diversos establecimientos penitenciarios

Defensoría de Tarapacá cumplió nueva jornada de atención jurídica intensiva en el penal de Pozo Almonte

El funcionamiento de los módulos jurídicos permitió asistir a 74 internos imputados y condenados que permanecen en el recinto penal.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

En sólo seis horas, cada uno de los internos de la cárcel de Pozo Almonte recibió una atención jurídica integral, actualizada e interdisciplinaria. Así de rotundo fue el resultado del trabajo que dedicó este miércoles un equipo de 12 profesionales de la Defensoría Regional de Tarapacá en ese centro penitenciario, ubicado en plena Pampa del Tamarugal, en medio del desierto y a unos 46 kilómetros de Iquique.

La actividad consistió en una entrevista de cada usuario de la defensa pública con su abogado a cargo, en uno de los seis módulos armados en el patio central del recinto. Incluso recibieron un set de elementos de aseo personal, a manera de donación, para enfrentar las carencias de apoyo familiar que registra la gran mayoría de ellos. Todo se llevó a efecto desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde , con una breve interrupción a la hora del almuerzo establecida en el centro penitenciario.

Esta modalidad de asistencia al interior de cada penal es una iniciativa desarrollada en esta región para acrecentar la calidad y oportunidad del apoyo jurídico que se entrega a los usuarios. La primera vez que se aplicó fue en abril del año pasado en el complejo penitenciario de Alto Hospicio, replicándose luego en agosto de 2019, con un modelo cada vez más perfeccionado en la unidad de Gendarmería de Pozo Almonte.

En esta oportunidad actuaron cuatro defensores penales públicos, equipados con computadores portátiles conectados a Internet, por lo que podían revisar en tiempo real los expedientes judiciales de sus respectivos usuarios. Tal atención fue supervisada por la jefa de Estudios , Karina Reyes, y por el propio Defensor Regional, Gabriel Carrión, además del apoyo de egresados de derecho que realizan su práctica en la institución.

DIÁLOGO PARTICIPATIVO
Como complemento, las facilitadoras interculturales revisaron con ellos otros aspectos de la atención de defensa integral que se les brinda y, al final, se integró a los internos a un diálogo participativo, en cuyo contexto pudieron expresar otras inquietudes relacionadas con el apoyo jurídico, la atención de Gendarmería y otros factores que inciden en su vida al interior del recinto.

“Con esto buscamos materializar la presencia efectiva de nuestra institución al interior de los penales, entregando de la mejor manera posible las prestaciones que la ley nos asigna como tareas de servicio público”, explicó el Defensor Regional de Tarapacá al término la jornada, de la cual se mostró satisfecho por los avances logrados.

“También quiero reconocer y agradecer el compromiso y esfuerzo desplegado por todo el equipo participante”, añadió Gabriel Carrión, quien también agradeció la plena disponibilidad de la Dirección Regional de Gendarmería, cuyos efectivos prestaron todas las facilidades necesarias para el desarrollo de la labor.

Según el directivo, "todos nos percatamos que este tipo de intervenciones, ejecutadas con seriedad y pensando en las necesidades de nuestros usuarios, siempre rinden frutos y nos entregan la tranquilidad de estar caminando por la correcta senda de servidores públicos y cumpliendo con nuestro deber de ocuparnos de las personas más vulnerables que nos toca atender y asistir”.

En el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Pozo Almonte permanecen actualmente 74 internos, de nacionalidades boliviana, peruana, ecuatoriana y chilena, la mayoría pertenecientes a pueblos originarios como el Qechua y el Aymara. De este total, 26 están a la espera de su expulsión del país, como resultado de sus condenas particulares.

El equipo de la Defensoría Regional de Tarapacá estuvo también conformado por los defensores penales públicos Constanza Barrueto, Mario Villablanca, Klaus Bremer y Carolina Lagos; las facilitadoras interculturales Andrea Mamani y Aydeé López; los egresados de derecho Nicole Acuña y Gregory Lizama, además del encargado de Informática, Janis Boniche.

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