Sala de Prensa

28/08/2020

Columna de opinión publicada el 27 de agosto de 2020 en el diario El Divisadero

Defensas especializadas y su aporte a una justicia inclusiva

El siguiente artículo fue escrito por Valeska Olavarría Gallardo, periodista y encargada de comunicaciones de la Defensoría Regional de Aysén.

Por Valeska Olavarría Gallardo
periodista Defensoría Regional de Aysén.

Hacerse cargo de la diversidad de quienes son sus representados para, de esta manera, ejercer una defensa respetuosa y de alta calidad, es uno de los objetivos  del servicio que ofrece la Defensoría Penal Pública.

Para lograrlo se basa en las llamadas 'defensas especializadas', que residen en la constante capacitación y dedicación, exclusiva o preferente, de defensores y defensoras en los casos de aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad social y que son imputadas por falta, crimen o simple delito.

Es así que contamos con defensas penales especializadas en: género, adolescentes, condenados privados de libertad, descendientes de pueblos originarios, extranjeros o migrantes e inimputables por discapacidad psiquiátrica.

Cada una estas áreas fueron definidas cuidadosamente, en el entendido de que las situaciones que enfrentan quienes se ubican en estos grupos, sus contextos, creencias y vivencias socioculturales, deben ser considerados a la hora de seguir un proceso penal en su contra y, ciertamente, de preparar una defensa penal efectiva.

Respecto de la defensa de género, la Defensoría Penal Pública se plantea como objetivo prestar sus servicios recogiendo las particularidades de mujeres y hombres, pero también haciéndose cargo de  las singularidades de la comunidad LGTBI+, resguardando que los criterios de género estén presentes en todos los servicios, proyectos y productos estratégicos de la institución.

En tanto,  la defensa penal juvenil,se basa en el entendido de que los adolescentes son personas en formación, con una serie de complejidades psicológicas, biológicas, sociales y culturales, que condicionan su actuar y que deben ser atendidas en un proceso penal.

En cuanto a la defensa indígena, ésta asegura una prestación de calidad, integrando los tratados internacionales en las causas que representa, entre ellos los derechos consagrados en los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la ley indígena nacional y las 'Reglas de Brasilia'.

La defensa penal de imputados pertenecientes a pueblos originarios comenzó en 2003, con una oficina de atención para imputados mapuche en Temuco. En los últimos años se ha logrado dar cobertura a imputados de todos los pueblos originarios presentes en el país, tales como aymaras y rapa-nui, entre otros. Considera, además, la participación de facilitadores interculturales, que actúan como puente entre el defensor/a y su representado/a.

Dentro de las prioridades de nuestra institución, se encuentra también la defensa de migrantes y extranjeros. Con ello se da cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por Chile en materia de derechos humanos. En términos generales, esto implica que cada Estado debe tener presente que los migrantes indocumentados o en situación irregular han sido identificados como un grupo en situación de vulnerabilidad.

Lo anterior no significa que los extranjeros no estén sometidos al ordenamiento jurídico interno del Estado donde residen, o que no puedan adoptarse medidas en su contra, sino que al hacerlo los Estados deben respetar sus derechos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona, sin discriminación alguna.

La defensa penitenciaria está dirigida a la defensa de adultos condenados bajo la reforma procesal penal, recluidos en un establecimiento penal de Gendarmería de Chile. Comprende una serie de actuaciones judiciales y extrajudiciales, que se extienden durante el cumplimiento de la condena hasta su completa ejecución. Su objetivo es resguardar los intereses, garantías y derechos de las y los condenados.

Finalmente, la defensa de inimputables por discapacidad psiquiátrica asegura que quienes son imputados de la comisión de un hecho ilícito y que presentan enfermedades mentales, tengan la debida asistencia jurídica en cautela de sus derechos. Así, disponemos de defensores especialmente capacitados en aspectos jurídicos y multidisciplinarios que se complementan en el procedimiento penal especial, dirigido contra personas inimputables.

A través de estas especializaciones, la Defensoría Penal Pública asegura una atención de calidad a quienes, por diversas circunstancias, se encuentran en situaciones más vulnerables frente a la sociedad y al sistema de justicia, permitiendo de esta manera nivelar la base, o al menos intentarlo, desde donde parte su participación como imputado o imputada en un proceso penal.

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