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04/08/2021

Defensora Regional presentó el balance de gestión 2020

Coquimbo: ingresos aumentaron 21% ante explosiva alza de personas imputadas por delitos contra la salud pública

La jefa regional de la defensa pública, Inés Rojas, dijo que pese al panorama adverso por la pandemia, se brindó defensa penal a 16 mil 339 imputados e imputadas, con un total de 19 mil 329 delitos ingresados, de los cuales 6 mil 343 (32,8 por ciento) fueron por infringir las normas higiénicas y de salubridad.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

Un 21 por ciento más de usuarios ingresados, con un aumento cercano a 3 mil 500 casos respecto del año anterior, tuvo en 2020 la Defensoría Regional de Coquimbo, debido al explosivo aumento de personas imputadas por delitos contra la salud pública, ante la imposición del estado de excepción constitucional de catástrofe.

Así lo expuso la jefa regional del servicio, Inés Rojas, al rendir cuenta pública on-line de la gestión 2020 de esa sede institucional, que ella enfocó precisamente en la prestación de defensa penal durante la pandemia por Covid-19.

“Pese al panorama adverso, cumplimos satisfactoriamente nuestras tareas y brindamos defensa penal a 16 mil 339 imputados e imputadas, de los cuales el 17 por ciento fueron mujeres, el 2,7 por ciento extranjeros, el 1,9 por ciento personas indígenas y el 2,7 por ciento menores de 18 años”, señaló.

Sobre éstos últimos, Rojas resaltó que desde 2013 en adelante se ha registrado una progresiva disminución de causas de adolescentes infractores de ley, cifra que en 2020 registró una baja de 30 por ciento, con un total de 447 casos.

PRISIÓN PREVENTIVA
Según la Defensor Regional, un tema que siempre advierte la Defensoría se refiere al uso excesivo de la prisión preventiva como condena anticipada. Al efecto, mencionó que el año pasado hubo mil 135 personas que resultaron inocentes o no condenadas en la región, de las cuales 58 permanecieron privadas de libertad. “Específicamente, 25 representados permanecieron entre 0 a 15 días, 28 estuvieron entre 16 días y 6 meses y 5 quedaron por más de 6 meses”, recalcó.

La abogada expuso también que hubo 19 mil 329 delitos ingresados, de los cuales 6 mil 343 (32,8 por ciento) fueron por infringir las normas higiénicas y de salubridad, seguidos por las lesiones, las amenazas y los delitos de la Ley de Tránsito.

Añadió que este tipo de causas ha generado un profundo debate a nivel nacional, en el que la Defensoría ha planteado sólidos argumentos jurídicos cada vez más acogidos por los tribunales, sustentados en que la mayoría de los casos son faltas que no admiten detención de las personas, muchas de ellas sin antecedentes penales ni experiencia previa en el sistema procesal penal.

“Esto no es impunidad. Requerimos que se apliquen adecuadamente las reglas procesales, para que cada caso se tramite conforme a la ley, evitando penas desmedidas cuando no hay afectación real de la salud pública y, de paso, reducir el riesgo en trasladar detenidos a comisarías, tribunales y cárceles”, remarcó.

IMPLICANCIAS DE LA PANDEMIA
Inés Rojas sostuvo que ante el desafío excepcional de la pandemia, en marzo de 2020 se activó a nivel nacional el ‘Plan de resguardo institucional de la Defensoría’, que implicó privilegiar el trabajo a distancia para resguardar la salud de usuarios y funcionarios. 

La directiva también detalló una serie de acciones concretadas que dieron continuidad al servicio, por lo que realzó el compromiso de todos los intervinientes para acordar protocolos de actuación en los tribunales orales de La Serena y Ovalle, lo que permitió efectuar 134 juicios presenciales desde 2020 hasta el primer cuatrimestre de 2021, con un adecuado resguardo de las garantías procesales, derechos de los imputados y medidas de protección de la salud.

Además, detalló el trabajo de las y los defensores públicos para lograr que la población penal con mayor riesgo sanitario cumpliese sus condenas o medidas cautelares en libertad, y la participación institucional en operativos de defensa y salud en centros penitenciarios junto a Gendarmería, el Servicio de Salud, el INDH y la Seremi de Justicia y Derechos Humanos.

Rojas destacó particularmente las donaciones de los funcionarios, quienes reunieron implementos higiénicos y vestuario para la población penal más vulnerable -mujeres y adultos mayores-, las coordinaciones con Carabineros, PDI, Gendarmería, Poder Judicial y Ministerio Público para el desarrollo de controles de detención remotos y, finalmente, la colaboración con Gendarmería para activar entrevistas por teléfono o videoconferencia con imputados y condenados en los penales de La Serena, Ovalle e Illapel.

CONTACTO CON USUARIOS
Por último, la Defensora Regional de Coquimbo sostuvo que ante la suspensión de la atención en oficinas, se dispusieron acciones para fortalecer las entrevistas de usuarios y familiares con sus defensores, en cuyo contexto relevó la habilitación en la web institucional de la plataforma ‘Mi Defensoría’, que permite a los usuarios acceder con su Clave Única a los pormenores de sus causas, conocer a su defensor o defensora pública y agendar una hora de atención.

También mencionó la distribución en tribunales y recintos policiales de la región de 15 mil tarjetas para facilitar el contacto entre los abogados y los usuarios y sus familias, como también la disposición de teléfonos celulares para cada defensoría local con la herramienta WhatsApp Business para mejorar la calidad de la información que se entrega a los usuarios.

“Con estas acciones, entre el 16 de marzo de 2020 y el primer semestre de este año registramos 40 mil 319 consultas de usuarios y familiares atendidas por vía telefónica, WhatsApp y videoconferencia, siendo los principales motivos del contacto la solicitud de entrevista con el defensor, la solicitud de gestión u orientación y agendar entrevista”, concluyó.

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