Sala de Prensa

28/10/2021

Tras alegaciones de la defensa especializada de personas migrantes

Corte de Puerto Montt dejó sin efecto expulsión de ciudadana peruana

La Defensora Regional, Soledad Llorente, dijo que el aporte y valor público de la defensa pública se legitima cuando las personas pueden encontrar mejores condiciones de vida gracias al trabajo institucional.

Jorge Mansilla Macías, 
Defensoría Regional de Los Lagos.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió las alegaciones de la defensa pública y dejó sin efecto la orden de expulsión de una joven de nacionalidad peruana, tras un recurso de amparo presentado por la Defensoría Regional de Los Lagos en su favor.

En la acción judicial, el abogado Humberto Ramírez argumentó que la expulsión era ilegal, puesto que la joven no sólo había cumplido la condena que recibió, sino que además el delito asociado a ella no está contemplado por la ley como una causal para decretar la expulsión del país.

Asimismo, la defensa pública solicitó al máximo tribunal penal de la región considerara las circunstancias personales de la joven, quien una vez avecindada en Chile en 2014, terminó su enseñanza media, tuvo dos hijos -hoy de 5 y 3 años- y se avecindó en el país junto a su madre y hermana, ésta última de nacionalidad chilena.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt determinó, finalmente, que la orden de expulsión no había considerado todos los antecedentes expuestos por la defensa pública, relacionados precisamente con el resguardo del bien superior del niño y el derecho a la reunificación familiar, y determinó, por tanto, dejar sin efecto la expulsión de la afectada.

TRANQUILIDAD Y VALOE PÚBLICO
La sentencia y sus alcances fueron explicados personalmente a la joven por la Defensora Regional, Soledad Llorente, y el jefe de Estudios, Boris Hrzic. La estudiante de educación parvularia agradeció y valoró el trabajo de la defensa penal pública.

“Al principio me sentía muy angustiada por el problema que tenía. Llegué a la Defensoría y me sentí muy acogida. Ahora estoy más tranquila y muy agradecida por el trámite y el proceso legal en que me ayudaron, con el apoyo que me dieron”, señaló

María Soledad Llorente reiteró la importancia de la defensa especializada en materia de migración, para defender, precisamente los derechos de personas extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad.

“Esta es una causa donde se hace evidente la interseccionalidad de los distintos factores que generan mayor vulnerabilidad: mujer, migrante, joven y madre soltera. El hecho de que la Defensoría Penal Pública haya podido intervenir positivamente en su favor tiene un impacto positivo en su proyecto migratorio, que incide directamente en la vida de dos niños chilenos”, explicó.

Según Llorente, “el valor público de la Defensoría se legitima cuando las personas pueden acceder a mejores condiciones de vida gracias a nuestro trabajo. Sin el acompañamiento oportuno de la Defensoría, no solo Shayla, sino toda su familia podrían haber visto truncadas sus aspiraciones de una mejor vida en Chile”, concluyó.

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