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Detenciones ciudadanas: lo que dice la ley sobre los actos contra delincuentes (*)

28/03/2022

(*): El siguiente artículo fue publicado por el diario electrónico Emol.com

Detenciones ciudadanas: lo que dice la ley sobre los actos contra delincuentes (*)

Según una encuesta realizada por la Fundación Paz Ciudadana, un 30 por ciento de las personas consultadas considera aceptable tomar la justicia por sus propias manos.

Por Rosario Acevedo Castillo,
Emol.com

La semana pasada, el martes, ocurrió un dramático caso en la comuna de La Florida. Un joven de 22 años, tras ser confundido con un delincuente, fue asesinado a golpes por vecinos del sector, tras sufrir asfixia. Según información de la Policía de Investigaciones (PDI), el hombre se había refugiado en una de las viviendas del sector tras un intento de robo.

De acuerdo con la Ley N° 19.696 que se establece en el Código Procesal Penal, “ninguna persona podrá ser detenida sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley”. Sin embargo, la legislación detalla que, si el individuo fue sorprendido en un delito flagrante, sólo se puede retener “para el único objeto de ser conducida ante la autoridad que correspondiere”.

El jefe de la Unidad de Defensa Penal Especializada (UDË) de la Defensoría Penal Pública, Alejandro Gómez, explica que “el delito flagrante es el que se está cometiendo o el que se acaba de cometer, por lo que se faculta a los ciudadanos para detener a una persona, pero con el solo objeto de ponerlo a disposición de la autoridad. (…) Por lo tanto, toda conducta que exceda de eso es una conducta ilegal, antijurídica y que eventualmente puede constituir en un delito”.

En el caso del joven de 22 años, no sólo fue retenido. El prefecto de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Víctor Ruiz, señaló que los detenidos tuvieron contacto con la víctima y que falleció por compresión toraco-abdominal (asfixia traumática).

¿AUMENTO DE CASOS?
“No tenemos estadísticas respecto de esto (aumento de detenciones ciudadanas), pero la sensación es que sí (…) que existen comunidades que están más organizadas y, eventualmente, responden de esa manera”, menciona Gómez.

En diciembre de 2020, otra detención ciudadana con resultado de muerte dejó a once vecinos de la comuna de Puente Alto en prisión preventiva. De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, los agresores se comunicaban por WhatsApp y no prestaron asistencia a la víctima tras la golpiza, dejándola morir en el lugar.

Para el abogado de la DPP, que las comunidades se organicen no es una dificultad y enfatiza que “el problema son los niveles de violencia y cómo se controlan, además que se alimentan con la percepción que se va generando en las personas sobre las instituciones. Cuando se instala en la percepción de la gente que la policía y la justicia no funcionan, se promueve la autotutela. Es decir, que las personas se protejan o intenten hacerlo por su cuenta y no recurran a la policía”.

NECESIDAD DE SENSACIÓN DE SEGURIDAD
En esa misma línea, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, mencionó "como sociedad no podemos permanecer con los brazos cruzados, tenemos que hacernos cargo desde el Estado en generar una sensación de mayor seguridad para las comunidades".

Según la última encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), sobre la confianza en las instituciones, la Policía de Investigaciones lidera con un 53 por ciento. Sin embargo, Carabineros, Gobierno y Ministerio Público apenas alcanzan un 30 por ciento, 9 por ciento y 11 por ciento, respectivamente.

“Hay una deslegitimidad de los sistemas, tanto de los policías como de los juzgados y los fiscales, en la capacidad de hacer una buena investigación y que esos antecedentes se usen para sancionar correctamente”, dice Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana.

Una encuesta realizada por la organización que dirige Johnson determinó que un 30 por ciento de las personas consultadas considera aceptable tomar la justicia por sus propias manos. Esto ocurre, según el director ejecutivo, porque la ciudadanía percibe que el sistema “no opera de manera justa y tiene más voluntad de establecer la justicia por su cuenta”.

Según mencionó el jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Víctor Ruiz, sobre la detención ciudadana ocurrida el martes, “hay cuatro personas que se encuentran en calidad de detenidas por una orden del Ministerio Público. El fiscal a cargo de la investigación nos otorgó una investigación de largo aliento, estamos recién iniciando diligencias puntuales”.

LAS MEDIDAS
Con el inicio de la investigación, el abogado de la DPP, Alejandro Gómez, explica que en el transcurso de ella se pueden tomar medidas cautelares con el fin de que “la persona cumpla la condena si se dicta o no”. Algunas de ellas son: arraigo nacional, firma mensual, arresto domiciliario o prisión preventiva, una de las “más extremas”, agrega Gómez.

Dependiendo del curso del procedimiento, si la Fiscalía decide acusar a los agresores del caso de La Florida e ir a juicio, eventualmente esas personas podrían ser condenadas, asegura Alejandro Gómez, jefe de la Unidad de Defensa Especializada de la DPP. Sin embargo, el jueves la Fiscalía decretó prisión preventiva para los cuatro detenidos y se les imputó por el delito de homicidio calificado, arriesgando desde 15 años y un día.

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