Sala de Prensa

30/03/2023

Columna de opinión:

Acción constitucional de amparo, un mecanismo de protección de garantías (*)

(*): El siguiente artículo, escrito por el abogado Claudio Fierro Morales, jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional, fue publicado hoy por el diario electrónico En Estrado.

Por Claudio Fierro Morales,
jefe Unidad de Corte Defensoría Nacional.

“La acción constitucional de amparo procede contra cualquier tipo de resolución mediante la cual se haya decretado una medida cautelar o cualquier otra medida privativa o restrictiva de libertad, aun cuando procedan recursos procesales[1], incluso cuando ha sido dictada por una Corte de Apelaciones”[2].

Así rezaban los pronunciamientos de la  mítica sala penal de la Corte Suprema que, por allá por 2005, la integraban -entre otros- los ministros Chaigneau, Cury y  Segura, donde ante los desafíos de un nuevo proceso penal, este reclamo constitucional se consolidaba como una efectiva herramienta de la defensa para impugnar resoluciones judiciales que amagaran el derecho a la libertad y la seguridad individual o, en clave judicial, la acción que se dirige a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el derecho a la libertad personal o la seguridad individual.

Qué duda cabe que, más allá de los diversos integrantes que han transitado por el tercer piso de la Corte Suprema, al menos en los últimos 15 años, la sala penal -asumiéndose como un poder contramayoritario, que debe corregir las ‘deficiencias’ o ‘desprolijidades’ cometidas por agentes del Estado que se vinculan con la persecución penal, fue desarrollando un amplio y macizo repertorio jurisprudencial.

Este repertorio claramente orientaba las decisiones de los tribunales inferiores y establecía estándares para que cada pronunciamiento se ajustara a derecho y las personas sometidas a los rigores del sistema penal siempre tuvieran la garantía de un procedimiento “racional y justo”, como tantas veces la sala lo ha argumentado en los fallos de recurso de nulidad por infracción de garantías constitucionales[3].

En una arbitraria selección de fallos, podemos asegurar que la sala penal desarrolló materias imprescindibles y que se han constituido en piedras angulares en el respeto irrestricto a los derechos humanos en el ámbito del proceso penal. Por ejemplo, cómo no recordar la mentada “Operación Huracán”[4] donde, a través de esta vía, se construyen impecables argumentos para dar cuenta de una correcta fundamentación de la resolución judicial que decreta una prisión preventiva y, además, se hace cargo de la excepcionalidad de esta gravosa medida cautelar.

Respecto de la fundamentación, los ministros que concurren a dicha decisión señalan que debe tratarse de una resolución que, sin necesidad de cumplir las exigencias de fundamentación propias de una sentencia condenatoria, en forma “clara y precisa” el tribunal debe exponer los antecedentes calificados por los que se tuvo por acreditados, pese a las alegaciones en contrario de la defensa -en su caso- los requisitos que el art. 140 del Código Procesal Penal (CPP) prevé para ello.

Sobre la excepcionalidad y última ratio de la prisión preventiva, la Corte advierte que los criterios o parámetros que fija el legislador para determinar el peligro de la seguridad de la sociedad, si bien son vehementes, no pueden estimarse absolutamente obligatorios para los jueces, por lo que la posible inconstitucionalidad hay que salvarla entendiendo que estos parámetros del legislador, tanto los antiguos como los que se introducen en la nueva ley, son meras recomendaciones y no mandatos imperativos.

Por otro lado, destacan fallos sobre adolescentes infractores y ahí la sala no ha dejado de hablar del plus de garantías que tienen los jóvenes perseguidos penalmente y que, como lo consigna un emblemático fallo de amparo, la internación provisoria no puede ser empleada como una forma de evitar la permanencia en la calle de jóvenes que se consideran infractores de ley, pues este impedimento debe ser alcanzado no de aquel modo, sino que a través de su adecuada integración social, pues la resocialización que se pretende en la Ley N° 20.084 es procurar la educación del adolescente y no su inocuización, en un firme y enfático pronunciamiento[5].

Así como el recién citado fallo y con la misma firmeza, la sala se ha referido a los derechos de las personas migrantes, los condenados privados de libertad (cuando el reclamo es la protección de la seguridad individual), a las personas con capacidades especiales, fundamentalmente asociadas a la salud mental, a los pueblos originarios y, por cierto, aunque todavía tímidamente, ha ido desarrollando el enfoque de género en las causas penales, donde es imposible omitir el caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan, quien dio a luz engrillada en un hospital, y la pluma redactora de la ministra Andrea Muñoz (jueza titular de la cuarta sala) instala el concepto de la interseccionalidad de la discriminación.

Lo anterior es sólo una pequeña muestra de esta larga lista de fallos que engalanan discusiones en las sedes judiciales y académicas (nacionales e internacionales), pero que la defensa pública, con toda la subjetividad y mística que la caracteriza, quisiera que ese macizo repertorio no se debilite.

Y lo decimos no por nostálgicos ni desesperanzados, sino por el actual comportamiento de la sala penal, que puede obedecer a múltiples motivaciones -incluso con las notorias descompensaciones de la cuestionada institución de los abogados integrantes, o bien el clima punitivista instalado-, pero que ha sido cada vez más recurrente en desestimar esta acción constitucional, que al menos para la Defensa Pública, es una vía excepcional a los recursos ordinarios, ya que en función de estrategias de defensa bien pensadas e intencionadas, buscan que el gobierno judicial, con su sello contramayoritario y contraintuitivo, siga marcando la diferencia y estableciendo estándares para que, si eventualmente hay condenas penales, éstas sean -como lo pregona la misma Corte Suprema- el corolario de un procedimiento racional y justo.

[1] SSCS 4.554-09; 4330-05.
[2] SCS 192-09; 1809-09; 2718-09.
[3] SCS Rol N°47605-16; SCS 30.582-20.
[4] SCS Rol N°40.860-17; 40.862-17.
[5] SCS 16.274-2016.

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver