Sala de Prensa

05/04/2024

Deberán mejorarse las condiciones de habitabilidad al interior de la cárcel de esa ciudad

Corte Suprema confirmó fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique en favor de mujeres privadas de libertad

La Defensoría Regional de Aysén y el Instituto Nacional de Derechos Humanos destacaron la importancia de este pronunciamiento judicial para avanzar en la equidad de género en el sistema carcelario.

Por Valeska Olavarría Gallardo,
periodista Defensoría Regional de Aysén.

En un fallo emitido el pasado miércoles, 3 de abril, la Corte Suprema confirmó por unanimidad una sentencia dictada previamente por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, respecto de un recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Regional de Aysén y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de las mujeres privadas de libertad en la cárcel de Coyhaique.

El principal motivó del recurso de amparo fueron las malas condiciones de habitabilidad en las que se encuentran las mujeres que cumplen prisión preventiva o condenas en ese recinto, la única cárcel de la región que cuenta con un espacio para recibir a mujeres. Estas malas condiciones, además, son aún peores que las que enfrentan los hombres recluidos.

HISTORIA DEL RECURSO
El recurso fue interpuesto ante la Corte de Coyhaique el pasado 8 de marzo, la que lo acogió por unanimidad y dictó medidas para solucionar la situación de las internas. Sin embargo, este fallo fue apelado ante la Corte Suprema por Gendarmería de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Esa apelación buscaba que Gendarmería no se viera obligada a cumplir con las mejoras estructurales graduales ordenadas por la Corte de Apelaciones en su fallo. Para ello, basó su argumentación en los escasos recursos económicos con que cuenta esa institución y, por otra parte, en que “la acción cautelar de marras y lo resuelto por la Primera Sala de vuestro Ilustrísimo Tribunal (la Corte de Apelaciones de Coyhaique) viene, por tanto, a consagrar una situación de abierta desigualdad y privilegio de estas internas respecto del resto de la población penal de la región”.

Los argumentos de la Defensoría y del INDH, en tanto, enfatizaron la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones, respete y haga valer los derechos humanos de las personas, sobre todo de quienes están bajo su tutela, como lo son las personas privadas de libertad.

También señalaron que no es sostenible la situación de desigualdad que mantienen las mujeres respecto de los hombres presos, ellas con cuatro horas más de encierro en celdas sobre pobladas, sin la posibilidad siquiera de un segundo recinto carcelario en la región que les permita cumplir su prisión cerca de sus familias, entre otras cosas.

Así, el miércoles pasado, el máximo tribunal del país se pronunció rechazando dicha apelación y confirmando lo resuelto por la Corte de Apelaciones.

REACCIONES
“Confiábamos en que la Corte Suprema confirmaría lo resuelto por la Corte de Apelaciones, ya que es muy evidente la desigualdad con que las mujeres privadas de libertad de la región deben cumplir su encierro. El poco espacio físico con que cuentan, las malas condiciones de ventilación, las excesivas horas de encierro en dormitorios sobrepoblados no podían tener un pronunciamiento diferente de los tribunales del país”, comentó el Defensor Regional, Jorge Moraga.

El directivo comentó también que es un hecho que ninguna persona privada de libertad vive en buenas condiciones en las cárceles del país, en general, y de la región, en particular.

“Es real que Gendarmería cuenta con recursos limitados y que la encarcelación para hombres y mujeres es muy dura y no cuenta con intervenciones efectivas para lograr la reinserción social. Sin embargo, en este panorama complejo, las mujeres presas de Coyhaique están en peor situación aún, con más horas de encierro en celdas que los varones. Ellas 21 horas en sus celdas versus 16 horas en el caso de los varones, en espacios muy reducidos, con mala ventilación, con poca o nula posibilidad de trabajo o de aprender oficios útiles para cuando salgan al medio libre, entre otras afectaciones”, indicó.

El director regional del INDH, Joaquín Bizama, destacó el fallo del máximo tribunal del país, en tanto “confirma los argumentos esgrimidos en el recurso de amparo, así como también las conclusiones a las que arribó la Corte de Apelaciones en su sentencia”.

Bizama recordó que lo que establece la sentencia, básicamente, es que en un plazo de 30 días desde que quede firme y ejecutoriada, Gendarmería “realice todas las medidas necesarias para asegurar que se mejoren las condiciones de habitabilidad de la sección femenina de la cárcel de Coyhaique, en específico lo que dice relación con una adecuada segregación entre imputadas y condenadas, también garantizar el derecho al desencierro y adoptar las medidas necesarias para mejorar el estado de los dormitorios, el baño y la ventilación”, sostuvo.

“Lo otro relevante –agregó el director regional del INDH- es que Gendarmería deberá viabilizar, a la brevedad, la reapertura de secciones femeninas en algunas de las cárceles de la región”.

TRABAJO SISTEMÁTICO
Cristian Cajas, jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Aysén, destacó el trabajo sistemático y de equipo realizado por la institución.

“Todo comenzó con la constatación de la condición de inequidad y vulneración de derechos de las mujeres privadas de libertad en nuestra región, su documentación a través de un estudio confeccionado por mujeres profesionales de la Defensoría Regional, lideradas por la trabajadora social Orietta Rodríguez", explicó.

Según el directivo, dicho estudio se difundió en diversos foros y medios de comunicación, y sirvió de antecedente a la conformación de la 'Mesa para mujeres privadas de libertad', encabezada por la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Andrea Méndez.

"Después pasamos a la ofensiva judicial, por medio de esta acción constitucional de amparo, cuya construcción contó con el apoyo del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Nacional y el valioso trabajo interinstitucional con el INDH de nuestra región, de manera que ha sido un largo proceso de trabajo colectivo. Por cierto, aún queda mucho por avanzar en este camino”, señaló Cajas.

No habiendo más recursos pendientes, ahora bastará que la Corte Suprema remita todos estos antecedentes a la Corte de Apelaciones para que esta sentencia quede ejecutoriada.

Según los plazos legales, en aproximadamente 30 días las instituciones estarán en condiciones de exigir el cumplimiento de lo dictaminado, primero por la Corte de Coyhaique y luego por la Corte Suprema.

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