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12/09/2012
El plazo de investigación quedó fijado en 180 días
Dictan arraigo para alcalde de Alhué por caso de malversación de fondos públicos
Defensor Local Jefe de Melipilla Eduardo Libretti, quien representó al edil, dijo que “a la luz de los antecedentes, el alcalde aparece más como víctima, al existir dudas sobre falsificación de firma en algunos cheques”.
Con la decisión del tribunal de decretar en su contra la medida cautelar de arraigo nacional y fijar un plazo de investigación de 180 días finalizó la audiencia de formalización del alcalde de Alhué, Yoonitt Sepúlveda, quien fue imputado por el delito de malversación de caudales públicos, por lo que fue representado en la audiencia por el Defensor Local Jefe de Melipilla, Eduardo Libretti.
Según la investigación fiscal, durante un período posterior a 2005 y por medio de cheques, se habrían girado cerca de 62 millones de pesos desde la cuenta de la Municipalidad de Alhué, platas que habrían sido depositadas en la cuenta del tesorero municipal René Chacón.
Luego de la exposición fiscal en el Juzgado de Garantía de Melipilla, el defensor penal público Eduardo Libretti hizo ver que algunas de las firmas que aparecen en los cheques no correspondían a la del edil Sepúlveda, por lo que no descartó pedir pericias caligráficas para establecer la posibilidad de un ilícito, en que el alcalde de Alhué aparece como víctima.
MEDIDA INNECESARIA
Tras sus alegatos en contra de las cautelares de firma y arraigo, Libretti explicó que tales medidas no se justificaban, “en especial porque es una persona muy conocida, con más de 16 años como alcalde. A la luz de los antecedentes expuestos, no era necesaria su firma en alguna unidad policial de Alhué”.
Para el defensor público, la formalización de su representado permitirá dilucidar las verdaderas responsabilidades de los imputados, así como demostrar la inocencia del alcalde Sepúlveda.
Durante la misma audiencia, el segundo imputado -René Chacón, tesorero municipal de Alhué- quedó con las medidas cautelares de reclusión nocturna domiciliaria, arraigo y firma quincenal. El plazo de investigación quedó fijado en 180 días.
Un tercer imputado, quien también trabajaba en el área de la administración municipal, no pudo ser formalizado, pues no fue notificado correctamente de la audiencia.
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