Sala de Prensa

11/01/2013

En el Juzgado de Garantía de Osorno

Declaran ilegal detención de siete manifestantes cesantes

Seis de ellos, mujeres que en su mayoría superaban los 50 años de edad, presentaban lesiones causadas por los policías de Fuerzas Especiales que reprimieron su protesta por la rebaja de cupos del programa pro empleo.

El juez de Garantía de Osorno, Pedro Paredes, declaró ilegal la detención de siete manifestantes pertenecientes al Comité de Cesantes de Osorno que fueron detenidos por Carabineros, seis de ellos imputados por desórdenes públicos y otro por daños.

Los hechos ocurrieron durante el medio día del pasado miércoles 9, mientras participaban en una protesta en contra de la disminución de los cupos del programa pro empleo.

La decisión del magistrado se dio a conocer ayer, luego de que se efectuara el control de detención del grupo. Durante la audiencia, a la cual asistieron numerosos representantes de la agrupación de desempleados, el magistrado escuchó los argumentos de la defensora penal pública Carol Munzenmayer, quien explicó que sus representados reconocían haber asistido a la protesta y haber reclamado sus derechos de manera pacífica, pero negaron tajantemente  haber protagonizado desórdenes públicos o haber roto un vidrio de la puerta de la Gobernación Provincial.

Según la defensora, los siete  imputados fueron detenidos de manera injustificada en una manifestación a la que asistieron más de 200 personas y luego fueron acusados de llevar a cabo desórdenes públicos y daños sin que existan pruebas de dichas imputaciones.

Según Munzenmayer, las seis mujeres detenidas resultaron con lesiones en sus brazos y piernas, mientras que ninguno de los carabineros presuntamente golpeados por las mujeres presentó lesiones.

La abogada explicó que los detenidos dijeron de manera transparente que no usaron armas ni estaban encapuchados y que fueron detenidos por personal de Carabineros que estaba preparado con cascos, escudos y otros elementos defensivos, lo que explica en parte las lesiones en sus cuerpos. “No es lo mismo participar en una manifestación que perturbar gravemente la tranquilidad pública o cometer delitos”, aclaró  Carol Munzenmayer.

Frente a estos argumentos, el juez de garantía resolvió que la detención era ilegal, debido a que no existían pruebas que acreditaran la participación de los imputados en desórdenes públicos o daños.

DETENCIÓN ILEGAL
A pesar de esta resolución, el fiscal de la causa, Matías Montero, optó por formalizar a los siete detenidos como autores de desórdenes públicos y a una imputada como autora de daños, los cuales habrían sido generados a un vidrio de 18 por 30 centímetros ubicado en la puerta principal de la gobernación, perjuicio que fue avaluado en 100 mil pesos. 

Luego de comunicar el delito por el que estaban siendo investigados, el fiscal solicitó como medida cautelar que a los imputados se les prohibiera acercarse a la sede de ese servicio público, medida a la que se opuso la defensora pública, alegando que no existía sustento para ella debido a que ya el juez había decretado ilegal la detención.

Ello, porque “ésta no contaba con los presupuestos fácticos que hicieran presumir a esta altura de la investigación que los imputados habían participado en los delitos que le imputó el Ministerio Público”.

Finalmente el juez negó la medida cautelar, atendiendo a los argumentos de la defensora, quien solicitó que se fije una audiencia para el 22 de febrero a las 10 horas, para que se solicite el sobreseimiento definitivo de la causa.

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver