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Defensa pública del caso Moyano reivindicó al recusado juez Patricio Álvarez

10/12/2013

Nueva preparación de juicio oral confirmó la mayoría de las exclusiones que él acogió

Defensa pública del caso Moyano reivindicó al recusado juez Patricio Álvarez

Al término de la nueva preparación del juicio oral, el defensor público Luis Gálvez subrayó que las pruebas excluidas por la jueza Carla Capello -como los testimonios de la esposa e hijas del uniformado- fueron similares a las resueltas por el magistrado recusado por la fiscalía.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

Terminada la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) para el caso del crimen del cabo de Carabineros Luis Moyano, el defensor penal público Luis Gálvez revindicó al juez del Séptimo Tribunal de Garantía, Patricio Álvarez, quien debió abandonar la causa en medio de una anterior preparación de juicio.

Ello, porque dicha instancia fue anulada luego de que la fiscalía adhiriera a una recusación presentada por la familia del uniformado -como querellantes- contra el magistrado, que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Esta causa se inició en octubre de 2007, cuando un grupo de sujetos asaltó una sucursal del Banco Security del centro de Santiago. Durante su huida, uno de los individuos mató al cabo Moyano cuando éste se sumaba a la persecución del grupo en motocicleta.

Un detenido de nombre Víctor Hugo Jerez fue el que acusó a Juan Aliste Vega, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel de ser los autores de ese asalto, lo mismo que de otros dos delitos similares en contra de sucursales del Banco Santander situadas en el centro de la capital y en Valparaíso, respectivamente.

Ese imputado, que fue defendido por el abogado particular Víctor Jaque, ya fue juzgado y condenado por robo con intimidación a diez años y un día de presidio, a pesar de su colaboración sustancial.

DETENIDOS EN ARGENTINA
Aliste, Fuentevilla y Villarroel –defendidos por los defensores públicos Luis Gálvez y Pablo Sanzana, y por el abogado particular Pablo Ortega, respectivamente- fueron detenidos en Argentina por la policía de ese país y trasladados luego a Chile.

La causa se radicó en el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, cuyo juez -Patricio Álvarez- estuvo a cargo de la primera audiencia de preparación. Sin embargo, como explica Luis Gálvez, dado que ese magistrado estaba excluyendo buena parte de sus pruebas, la fiscalía empezó a cuestionarlo con presentaciones ante la Corte y el Tribunal Constitucional.

“El objetivo era sacar al juez Álvarez, por la gran cantidad de pruebas que les había excluido”, afirmó el defensor público. Finalmente, la Corte de Apelaciones acogió la recusación, por lo que el magistrado debió abandonar la causa, al tiempo que la preparación de juicio desarrollada hasta ese minuto debió ser anulada.

NUEVA PREPARACIÓN
Así, debió hacerse una nueva audiencia de preparación de juicio oral, que estuvo a cargo de la jueza Carla Capello. Terminada después de varias semanas, según el defensor Gálvez su resultado dejó de manifiesto que la recusación de Álvarez fue innecesaria e injustificada.

“Se criticó mucho por la fiscalía y los querellantes que el juez Álvarez haya excluido testigos por considerarlos improcedentes, ya que no presenciaron ni aportaban nada en relación a los delitos investigados, como fue el caso de los testimonios de la viuda y las hijas del cabo Moyano”, aclaró.

Gálvez señaló que en esta nueva preparación la jueza Capello también excluyó a esas testigos y a otros que judicialmente no eran procedentes.

RECUSACIÓN CONTRAPRODUCENTE
El defensor público agregó que la recusación fue contraproducente para quienes la impulsaron, porque la defensa pudo estudiar con mayor profundidad la prueba de la fiscalía y pudo, entonces, revaluar algunas exclusiones. Ejemplificó con el caso de un perito de Carabineros de Valparaíso que se negó a periciar la camioneta en que supuestamente los imputados viajaron de Santiago al puerto, ya que no había seguido una cadena de custodia y la prueba estaba contaminada.

“Inicialmente no se encontró nada, pero después apareció un boleto de peaje que conformaría el traslado. Ese testigo antes fue excluido, pero ahora la defensa lo hizo suyo, ya que prueba lo irregular del procedimiento”, afirmó.

Otro caso fue el testimonio de un empleado de la sucursal de Valparaíso y de un carabinero, quienes reconocieron a otra persona como autora del asalto, que no está formalizada. “Esos testigos también fueron excluidos por el juez Álvarez, pero ahora nos interesa que testifiquen”, agregó.

Luis Gálvez concluyó que todo este episodio hizo perder varios meses por la repetición de la audiencia de preparación de juicio oral, además de que significó un injusto cuestionamiento de los persecutores a la imparcialidad del magistrado Álvarez. Sin embargo, finalizó, las exclusiones finalmente adoptadas demuestran que éste actuó muy profesionalmente.

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