Sala de Prensa

23/12/2013

Recursos destinados alcanzan a $ 9 mil millones:

Defensoría licita 243 cargos de abogados y sube puntaje a mayores ofertas de sueldos

Entrevista publicada en El Mercurio, el domingo 22 de Diciembre, en el que el Defensor Nacional, Georgy Schubert, en que aborda temas como las próximas licitaciones, y la situación de los abogados de la Unidad de Defensa Penal Juvenil y Especializadas.

La Defensoría Penal Pública licitará para el próximo año 243 cargos de abogados externos en todo el país con el fin de atender la defensa penal de los imputados por un crimen, simple delito o falta que no tengan este servicio profesional.

El defensor nacional, Georgy Schubert, informó que para estas funciones se destinarán $ 9 mil millones, lo que significa cubrir 400 jornadas de abogados y prácticamente mantendrán el número de contratos licitados el año pasado. "En la licitación que viene, lo que hemos hecho es clarificar las normas de control, establecer con mayor énfasis cuáles son las obligaciones de los contratantes y fijar a qué sanciones se pueden ver expuestos. Pero, además, tenemos un incentivo claro en las bases, en relación a que daremos más puntaje a aquellas ofertas que tienen mejores remuneraciones para los abogados", explicó.

La idea que implica esta decisión es terminar con la alta rotación de profesionales, que estaban mal remunerados y abandonaban la defensa pública ante mejores perspectivas.

Sin embargo, advirtió que durante 2014 deberán analizar qué impacto tendrá la entrada en vigencia de la ley de cumplimiento alternativo de penas, que implicará más audiencias ante la posibilidad de que quienes cumplen sentencias privativas de libertad o en el medio libre, puedan optar a la revisión de esas condenas para ajustarlas a la promoción de la reinserción.

El defensor nacional dijo que mantienen la decisión de perfeccionar el sistema de defensoría mixta, que hasta ahora ha funcionado bien, pero que hace necesario definir lo que es la prestación de un servicio de defensa de calidad y con incentivos para mejorarlo.

Hasta ahora, añadió, los sistemas de control han funcionado y no se han detectado contravenciones graves, salvo en la Región del Biobío, donde este año se puso fin por adelantado al contrato de una empresa por servicios deficientes, que mantenía a cuatro abogados atendiendo la Defensa Penitenciaria. Este servicio tiene por objetivo atender a personas condenadas para informarles y asesorarlas sobre el uso de sus derechos y velar por que se cumplan las normas básicas administrativas del debido proceso cuando estos postulan a rebaja de condena o libertad condicional, por ejemplo, entre otros casos.

Este año se atendió a 5.833 personas en las regiones involucradas, un 36% más que en 2012, que llegó a 4.283 atenciones.

Profesionales que aún no son de planta

Georgy Schubert lamentó que persistan las dificultades para que los 83 profesionales dedicados de manera exclusiva a atender la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) puedan ser incorporados definitivamente a la planta de la Defensoría Penal Pública. La especialización de jueces, fiscales y defensores es uno de los puntos débiles de la ley.

Los 50 defensores y 33 profesionales expertos están contratados a honorarios desde el inicio del sistema, en 2007, y pese que había un compromiso gubernamental para incorporarlos a la planta, la Dirección de Presupuesto mantiene los reparos, explicó el defensor nacional.

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