Sala de Prensa

07/03/2014

Pilar Castillo lleva casi cuatro meses privada de libertad

Jueza de garantía mantuvo prisión preventiva de joven universitaria imputada por infanticidio

Defensora pública Nelly Árgel apelará, basándose en que la declaración voluntaria de la joven ante el fiscal es un hecho nuevo, que configura una colaboración sustancial y, con ello, una nueva atenuante para su defendida.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría regional Metropolitana Norte.

Próxima a cumplir cuatro meses privada de libertad, la estudiante universitaria Pilar Castillo (20) tenía la esperanza de que la revisión de medida cautelar solicitada por su defensora pública -Nelly Árgel- al Segundo Tribunal de Garantía de Santiago le permitiera volver a su hogar junto a su familia. Su padre, de hecho, se encontraba presente en la sala de audiencias.

La defensa pública de la estudiante -imputada como supuesta autora del infanticidio de su bebé recién nacido-estimaba que tenía sólidos argumentos para lograr revocar la prisión preventiva, ya que a su irreprochable conducta anterior se agregó el que la joven declarara voluntariamente ante el fiscal titular de la causa, Patricio Macaya.

Nelly Árgel explicó que el persecutor le habría planteado la posibilidad de ofrecer a la imputada un procedimiento abreviado, y dado que se le tendrían que reconocer de dos o tres atenuantes, es muy probable que aunque existiera una condena en su contra, la joven se vería beneficiada con un régimen de libertad asistida.

La abogada argumentó que la declaración de su defendida -un hecho nuevo que el tribunal desconocía- significa una colaboración sustancial, que se suma al hecho de que Pilar Castillo se entregó voluntariamente a Carabineros, ya que la única manera de relacionar a la joven con la supuesta arma homicida es que ella reconoció que cortó el cordón umbilical del bebé con una tijera, luego de que ocurriera sorpresivamente el parto. 

CORTE ACCIDENTAL
Ello, agregó, porque la fiscalía no tiene peritajes de huellas dactilares como para probar la autoría del hecho, ocurrido el 18 de noviembre de 2013 en el baño del hogar de la imputada, en la comuna de Conchalí. Según Árgel, otra cosa es que, a diferencia de la versión de la fiscalía -que habla de una acción dolosa-, la imputada explicó que el corte en el cuello de la guagua se produjo accidentalmente, cuando cortó el cordón umbilical.

Sobre este mismo tema, el peritaje del Servicio Médico Legal (SML) reveló que el corte fue en realidad de 7 centímetros y no de 18, como la fiscalía subrayó insistentemente en la audiencia de formalización, dato que luego fue masivamente difundido por la prensa.

A este respecto, la defensora pública presentó un peritaje de docimasia (hipótesis) del SML, según la cual -por el estado del cadáver- no pudo acreditarse si la criatura nació con vida. De este modo, añadió, está vigente la duda de que si el bebé nació fallecido, entonces no existiría delito.

FISCALÍA SE OPONE
La fiscalía se opuso a la revocación de la prisión preventiva, explicando que si bien la imputada declaró, el objetivo de ello es evitar su responsabilidad. El fiscal Claudio González dijo, además, desconocer que el fiscal titular -Patricio Macaya- le haya planteado a la defensa pública la posibilidad de un juicio abreviado, estimando que lo que corresponde es llegar a un juicio oral.

Aunque la defensora penal pública replicó que colaborar declarando no es sinónimo de confesar ni de prestar el testimonio que exactamente quiere la fiscalía, la magistrada Carolina Reyes rechazó la solicitud de la defensa y mantuvo la prisión preventiva de la imputada.

Al término de la audiencia Nelly Árgel anticipó que apelará de la resolución ante la Corte de Apelaciones de Santiago, basándose en que la declaración de su defendida en el marco de su colaboración con la investigación sí es un hecho nuevo, que se suma a otros elementos como el arraigo y la irreprochable conducta anterior.

Respecto de las conversaciones que sostuvo con el fiscal titular sobre un posible juicio abreviado, la abogada confirmó que tiene los correos que acreditan esos diálogos. En este caso, el 19 de marzo se cumple el plazo de 120 días de investigación.

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