Sala de Prensa

16/10/2014

Están imputados por la golpiza contra internos de la cárcel de Rancagua

Sin cautelares quedaron los oficiales de Gendarmería representados por la Defensoría de O’Higgins

Se trata de funcionarios que no participaron en los apremios y que el Ministerio Público formalizó por el delito de tormentos Ilegítimos.

Por Andrea Contreras Márquez,
Defensoría Regional O'Higgins.

La noche del 3 de agosto de 2013 dos internos de la cárcel de Rancagua intentaron fugarse. Sin embargo, sólo llegaron a la línea de fuego del Complejo Penitenciario "La Gonzalina". Ahí fueron recapturados y llevados a su módulo, donde un grupo importante de funcionarios de Gendarmería comenzó a sacar a golpes al resto de los reos de sus celdas, los dirigió hacia el patio central del módulo, donde continuaron aplicándoles golpes de palos y pies.

Los hechos fueron conocidos por la Defensoría Regional de O’Higgins un año más tarde y puestos en conocimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que se realizara la denuncia respectiva. En tanto, el Ministerio Público reactivó la causa iniciada poco después de los hechos, que se había mantenido desformalizada por más de un año.

Así, el Tribunal de Garantía de Rancagua formalizó hoy a 25 gendarmes por el delito de apremio ilegítimo cometido contra 57 internos. Se trata de 18 funcionarios de menor rango y siete oficiales, cinco de los cuales están siendo representados por la Defensoría Regional de O’Higgins.

De los representados por la DPP, dos tenientes coroneles están a cargo del defensor público Luis Valdenegro, dos mayores son representados por el defensor público institucional Christian Godoy, mientras que un subteniente es defendido por el jefe de la unidad regional de Estudios, Víctor Providel.

LLEGARON DESPUÉS
Según consta en los antecedentes aportados, ninguno de ellos participó de las agresiones ni tampoco se encontraban de servicio el día de los hechos. Según el relato de internos víctimas y del propio Ministerio Público, ellos  llegaron hasta el módulo 41 minutos más tarde, cuando ya los vejámenes habían ocurrido. 

De todos modos -a juicio de la Fiscalía- les cabría responsabilidad en el delito de tormentos ilegítimos, pues no impidieron ni hicieron cesar los apremios.

Tras la formalización, el fiscal Carlos Fuentes pidió para todos los encartados las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, las cuales fueron aceptadas por el abogado particular que representa a 19 fde los uncionarios. 

No dijeron lo mismo los defensores públicos, quienes insistieron en que la Fiscalía no había presentado prueba alguna que involucrara a sus representados en las acciones ocurridas el 3 de agosto de 2013 en la cárcel de Rancagua.

Después de un largo debate, la jueza Constanza Acuña determinó que los cinco oficiales representados por defensores públicos, más otro que tiene abogado particular, quedaran sin medidas cautelares por los 150 días que durará la investigación, pues según la resolución no existían antecedentes que justificaran alguna intencionalidad de los oficiales para permitir el ejercicio de conductas prohibidas en contra de los internos.

DOBLE FUNCIÓN
Consultados por la doble función que le corresponde a la Defensoría Penal Pública en esta causa -dado que primero presentó los antecedentes al INDH y hoy representa a imputados por esta causa-, el jefe de Estudios de la Defensoría Regional explicó el rol que le cabe a la institución.

“Como funcionarios públicos y garantes de los derechos y dignidad de nuestros representados hasta que cumplan su condena, la Defensoría estaba obligada a dar a conocer los vejámenes de los que fueron objeto los internos del módulo 41. No obstante, también estamos llamados a prestar defensa de calidad técnica a todo quien que lo requiera, y para eso contamos con abogados altamente calificados, que son autónomos e independientes en sus defensas”.

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver