Sala de Prensa

02/06/2016

Relevó el valor público del rol institucional y de las defensas especializadas

Bárbara Katz rindió su último balance como Defensora Regional de La Araucanía

En una ceremonia a la que asistió el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, la abogada destacó el avance de la cobertura de defensa indígena y llamó respetuosamente a los fiscales de la zona a hacer un uso racional y proporcional del control de detención.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional

En una ceremonia durante la cual relevó el valor público del rol que diariamente cumplen los defensores penales públicos en esta zona del país, la Defensora Regional de La Araucanía, Bárbara Katz, entregó ayer el balance de la gestión cumplida por la institución durante el año pasado.

“Nuestra tarea día a día es crear valor público, relevando principios tan fundamentales para la democracia como la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, a guardar silencio y a conocer el contenido de la investigación”, sostuvo.

A la actividad, realizada en el Centro Cultural de Nueva Imperial, asistieron el Defensor Nacional, Andrés Mahnke; la presidenta de la Corte de Apelaciones de Temuco, Adriana Cecilia Aravena; el contralor regional, Ricardo Betancourt; el fiscal regional, Cristián Paredes, y los lonkos mapuche Víctor Queipul, de la comunidad Temucuicui, y José Cariqueo, de la comunidad Cacique José Guiñón, entre otros invitados.

GRUPOS VULNERABLES
En su último balance como jefa regional de la Defensoría, pues asumirá nuevos desafíos en los próximos meses, Bárbara Katz relevó particularmente el desarrollo de diversos modelos de defensa especializada para grupos vulnerables en La Araucanía, partiendo por el que se ofrece a la comunidad mapuche de esta zona, la más grande del país, que comenzó a operar en 2003, sólo dos años después de la creación de la institución.

En este contexto, mencionó que el 15,7 por ciento de las 19 mil 655 personas atendidas el año pasado por la Defensoría en esta región -es decir 3 mil 99 personas- correspondieron a miembros de ese pueblo originiario.

Katz agregó que la Defensoría Penal Mapuche no sólo cuenta hoy con tres oficinas en la zona (Temuco, Nueva Imperial y Collipulli), sino que su equipo especializado aumentó de tres a seis defensores públicos, apoyados por tres facilitadores interculturales y tres asistentes administrativas.

“Como institución pública, nos enorgullece hacer visibles antes los demás intervinientes del proceso penal -Fiscalía, tribunales, Gendarmería, Sename y otros-, las particularidades, costumbres y tradiciones de los integrantes del pueblo mapuche, como individuos y como entes colectivos”, señaló.

CONTROLES DE DETENCIÓN E ILEGALIDADES
La Defensora Regional hizo notar que, pese a que los delitos principales del período fueron las lesiones (22,4 por ciento), aquellos que afectan la libertad e intimidad de las personas (13,7 por ciento), los de la Ley de Tránsito (12,9 por ciento) y los hurtos (10 por ciento), un 69,4 por ciento de las personas atendidas (13 mil 666 personas) ingresaron al sistema penal vía control de detención, porcentaje que representa el quinto más alto de todo el país.

“El control de detención es la forma más violenta que tiene el sistema de recibir a una persona imputada (…) Hago un respetuoso llamado a los fiscales a utilizar más racionalmente esta institución procesal, y a los jueces a ser críticos en cuanto a los criterios que se utilizan para que una persona pase detenida a una audiencia y a ser estrictos en controlar que esta detención sea ajustada a derecho y proporcional”, afirmó Bárbara Katz.

La Defensora Regional resaltó, además, que aun cuando los defensores públicos de la región solicitaron en 2 mil 582 ocasiones que se decretara la ilegalidad de la detención -cifra que fue la más alta del país en el período-, ello ocurrió sólo en 135 casos, es decir que sólo el 5 por ciento de las solicitudes fueron aceptadas. De este total, 16 casos correspondieron a indígenas y 19 a mujeres.

“En el caso de los indígenas y las mujeres, la ilegalidad de la detención se declara en una menor proporción de casos que en el resto de la población. Esto demuestra un trato más duro hacia indígenas y mujeres, al tiempo que es posible descartar aquella alegación que señala que los jueces son más ‘garantistas’ con indígenas y con mujeres que con el resto de las personas”, dijo.

OTROS TEMAS
La Defensora Regional de La Araucanía se refirió también a la reciente polémica en torno al funcionamiento de las comisiones de libertad condicional en todo el país, contexto en que reiteró la necesidad de legislar para crear un sistema legal de ejecución de penas.

Luego relevó la importancia del “Proyecto Inocentes” de la Defensoría, espacio de reparación que busca resolver las principales causales de error del sistema de enjuiciamiento criminal, además de aportar a la reparación de las personas que son injusta o erróneamente imputadas por delitos que no cometieron.

Como grandes desafíos de la defensa pública regional, mencionó el desarrollo de un modelo de defensa especializada para mujeres -que releve los componentes de género-, la consolidación del modelo de defensa penitenciaria que comenzó a funcionar el año pasado en La Araucanía, el desarrollo de un nuevo modelo especializado para la defensa de personas inimputables por discapacidad mental y la necesidad de lograr la autonomía institucional de la Defensoría, entre otros temas.

“Necesitamos expresar claramente nuestra opinión técnica en el ámbito de las políticas públicas. Necesitamos ser parte activa en el debate público y legislativo en torno a la política criminal, lo mismo que en el funcionamiento del sistema de justicia penal y penitenciario”, concluyó.

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