Sala de Prensa

18/05/2018

Durante un diálogo participativo en la cárcel

Coquimbo: condenados extranjeros expresaron dudas e inquietudes sobre sus casos

Su principal requerimiento es que la empresa concesionaria de la cárcel de Huachalalume les permita desarrollar una actividad remunerada, que actualmente les prohíbe por su situación migratoria irregular.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

La necesidad de acceder a un trabajo, para obtener ingresos con el fin de ayudar a sus familiares y cumplir con uno de los requisitos para optar a beneficios intrapenitenciarios, fue el principal requerimiento que planteó un grupo de condenados extranjeros durante un diálogo participativo organizado por la Defensoría Regional de Coquimbo.

La actividad se desarrolló en la escuela Coresol del complejo penitenciario Huachalalume de La Serena y fue encabezada por Yasna Rojas, jefa de Estudios de la Defensoría Regional, quien estuvo acompañada por los tres defensores penitenciarios de la región.

Los internos -18 hombres y 2 mujeres- plantearon derechamente sentirse discriminados y agregaron que sobrellevan este escenario debido a su situación irregular en el país y que la cárcel Huachalalume es concesionada.

“Lamentablemente, la empresa presenta una serie de inconvenientes y restricciones para contratarlos, producto de que no tienen regularizado su estado civil o su situación migratoria en el país”, comentó la jefa de Estudios, quien se comprometió a que esta situación sea expuesta ante la Mesa Regional de Justicia, con la finalidad de buscar mecanismos que permitan revertirla.

SOLICITUD DE TRÁMITES
Por otra parte, los condenados -prioritariamente de nacionalidad colombiana, peruana y boliviana- plantearon diversas solicitudes a los defensores penitenciarios. Algunos internos pidieron gestionar su traslado, para cumplir la pena privativa de libertad en sus países de origen, argumentando existen tratados internacionales que amparan esta opción.

Otros, en tanto, solicitaron agilizar la tramitación de expulsión, considerando que habían sido notificados por el tribunal hace más de 30 días. “Se les explicó que si bien había transcurrido un mes, las diligencias de la PDI, como institución encargada de concretar las decisiones judiciales, en promedio demora 60 días”, concluyó Rojas.       

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