Sala de Prensa

07/11/2019

Defensoras públicas lograron demostrar que ni las policías ni la Fiscalía contaban con antecedentes concretos para imputarles desórdenes públicos

Tribunal de Garantía de Temuco declaró ilegal la detención de 20 personas en manifestaciones públicas

Al término de las audiencias, las defensoras públicas Carolina Romero, Lucy Catalán y Paola Segovia se mostraron satisfechas por el trabajo coordinado y los resultados obtenidos. Su tarea comenzó la noche anterior, cuando visitaron a los detenidos en las comisarías.

Por Claudia Riquelme Soto,
Defensoría Regional de La Araucanía.

El juez Mauricio Torres, del Tribunal de Garantía de Temuco, declaró ilegal la detención de 20 personas acusadas por el delito de desórdenes públicos, en el contexto de movilizaciones ocurridas la tarde del miércoles 6 de noviembre en la capital de La Araucanía, quienes fueron asistidas por un equipo de la Defensoría Regional, integrado por las abogadas Carolina Romero, Lucy Catalán y Paola Segovia.  

Las defensoras forman parte del despliegue que la institución ha efectuado en todo el país para garantizar el derecho a defensa de todas las personas detenidas durante largas jornadas de audiencias, que en el caso de Temuco se han desarrollado en dos salas del tribunal, para lograr cubrir la gran cantidad de detenidos, especialmente jóvenes, durante las últimas semanas.

En este caso, las abogadas señalaron al juez Torres que, tanto en los partes policiales como en los argumentos expuestos por la Fiscalía se apreciaba una falta de antecedentes suficientes para imputar una acción específica a cada uno de los detenidos.

“La defensa solicitó la ilegalidad basada en la versión de los detenidos y en los partes policiales. Hubo detenciones a la misma hora, en el mismo sector, pero sin siquiera señalar en la carpeta investigativa qué conducta típica y específica se atribuía a nuestros representados”, explicó Lucy Catalán.

La defensora pública argumentó en audiencia que siendo los desórdenes públicos un delito que implica una grave alteración al orden público, era necesario señalar las acciones específicas atribuidas a cada detenido y no las conductas genéricas y casi idénticas reflejadas en los partes policiales.  

APREMIOS ILEGÍTIMOS
En el mismo tribunal, una de las audiencias de control de detención que más llamó la atención fue la que involucró a un hombre que Carabineros mantuvo detenido al interior de la Intendencia Regional de La Araucanía y que fue mordido por un perro, tal como lo relató Carolina Romero.

“Se controló la detención de mi representado y fue declarada ilegal porque no existen antecedentes que objetivamente hicieran alusión a alguna participación directa en desórdenes públicos. Lo cierto es que fue detenido en la vía pública e ingresado a un lugar cerrado y al salir de ahí ya se encontraba con lesiones, producto de la mordedura de un perro”, señaló.

Durante la audiencia, la defensora público realizó una denuncia verbal por torturas y apremios ilegítimos en contra del detenido, momento en que entregó audios y videos para avalar lo relatado por él.

“Además de realizar la denuncia ante el juez por las lesiones que tiene mi defendido y que señala que fueron realizadas por un perro al interior de una institución pública -lo que por cierto debe ser investigado por la Fiscalía-, los antecedentes fueron remitidos al Instituto Nacional de Derechos Humanos”, concluyó Carolina Romero.

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