La Defensoría Penal Pública tiene por misión entregar defensa penal a todas las personas imputadas y condenadas en el marco del sistema procesal chileno, garantizando así el acceso a la justicia de todas y todos.

Las y los defensores penales públicos velan por los derechos de sus representados(a) para que se apliquen plenamente los principios del proceso penal, representado judicial y extrajudicialmente sus intereses -en todas las actuaciones y audiencias- hasta la completa ejecución de la sentencia; realizando visitas a la cárcel; solicitando las pericias que se requieran y atendiendo a sus familiares, entre otras diligencias.

La prestación de los servicios está a cargo de abogados(a) que forman parte de la institución y de abogados(a) privados(a), contratados a través de licitaciones. Ambos poseen la calidad de defensores penales públicos y deben cumplir los estándares de defensa establecidos.

La defensa penal será gratuita, excepto para quienes  cuenten con recursos económicos para costear –parcial o totalmente- los aranceles de defensa penal. En el caso de los adolescentes –mayores de 14 y menores de 18 años– no pagarán el servicio, cualquiera sea su situación económica y la de su familia.

La Defensoría Penal Pública fue creada en 2001, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y está sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia.

La Defensoría funciona como un organismo descentralizado territorialme nte, conformado por la Defensoría Nacional -Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, piso 5° y 8°, Santiago- y las Defensorías Regionales a lo largo del país.

Misión 

“Somos un servicio fundamental que garantiza defensa penal de alta calidad, contribuyendo al acceso a la justicia, resguardando la dignidad y los derechos humanos a todas las personas, con perspectiva de género y especial atención a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.  

Visión

"Ser una institución pública autónoma reconocida positivamente como un servicio de defensa penal de excelencia a todo aquel que lo requiera, participando en la generación de políticas públicas del ámbito penal."

Objetivos estratégicos

• Mejorar continuamente la calidad de la defensa técnica de todas las personas representadas, resguardando sus derechos e intereses, con perspectiva de género; a través del cumplimiento de los estándares del proceso penal, los manuales de actuaciones mínimas, y el perfeccionamiento permanente de sus defensores.
• Mejorar la atención de las personas usuarias y la comunidad en general, mediante el fortalecimiento de los canales de atención y la entrega de información oportuna, con enfoque de género.
• Aumentar la cobertura especializada de prestación del servicio de defensa en todas las etapas del proceso penal, otorgando una respuesta con pertinencia cultural, y acorde a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad: adolescentes, mujeres, LGBTQI+, indígenas, migrantes, privadas de libertad, y con problemas de salud mental.
• Aumentar el conocimiento del rol de la Defensoría Penal Pública y de los derechos de las personas imputadas y/o condenadas, a través de la realización de acciones de difusión, enfocada a las personas usuarias y a la comunidad en general, con énfasis en los valores de una justicia abierta y principios de igualdad de género.